Firma electrónica

 

A través de las sedes y subsedes electrónicas se realizan todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos.

Los medios de autenticación de los ciudadanos para poder interactuar con la administración en las ocasiones en las que se requiere identificación segura son los que se recogen el artículo 13.2 de la documento Pdf (936 Kb) Ley 11/2007, de 22 de junio,  de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos:

  • Sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
  • Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
  • Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

Para obtener información sobre qué es la firma electrónica, cómo puede obtenerse, quién puede proporcionarla,  cómo y cuándo debe utilizarla acceda a la información que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) pone a su disposición a través de  Icono acceso web externaCERES (Certificación Española).

Puede ampliar información sobre los procedimientos vinculados a la obtención de firma electrónica de la FNMT en el canal de Procedimientos y Servicios electrónicos de la Sede de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, distingue en su artículo 10, relativo a la firma electrónica de los ciudadanos, entre personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. En el caso de éstos últimos establece que las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica para todos aquellos procedimientos y actuaciones de la Administración General del Estado para los que se admitan.

En caso de no admisión, la sede o subsede electrónica correspondiente deberá facilitar sistemas alternativos que permitan a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica el ejercicio de su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración